Hablar de fracking es entrar en un terreno donde las palabras desarrollo, energía, inversión y soberanía suelen ocupar los primeros lugares del discurso. Y no es para menos. México necesita energía, inversión y alternativas que permitan fortalecer su economía y reducir vulnerabilidades.

Aun y con lo anterior, una pregunta debe estar presente en la conversación y no debería quedar enterrada bajo esos argumentos: ¿a qué costo y riesgo para las comunidades?

La extracción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales vuelve a colocar sobre la mesa el viejo dilema de hasta dónde estamos dispuestos a aceptar determinados riesgos ambientales y sociales cuando, del otro lado de la balanza, se ofrecen empleos, derrama económica, desarrollo regional y soberanía energética.

Sobre el papel, la ecuación puede parecer sencilla. En el territorio, rara vez lo es. Los riesgos, además, son concretos y documentados. El proceso requiere millones de litros de agua por pozo, además de arena y químicos inyectados a alta presión para fracturar la roca. Esa mezcla puede migrar hacia los mantos freáticos cuando existen fallas en el revestimiento del pozo o fracturas geológicas no detectadas, y el agua que regresa a la superficie sale cargada de sales, metales pesados y sustancias que exigen un manejo especializado que no siempre existe. Agrégale al riesgo: las fugas de metano durante la extracción y el transporte, y el registro.

La salud de quienes habitan cerca de estos proyectos también entra en la ecuación. En Estados Unidos, se han documentado padecimientos respiratorios, dolores de cabeza y, en algunos casos, complicaciones en el embarazo entre poblaciones cercanas a zonas de explotación, una práctica con al menos dos décadas. En estados como Pensilvania, Colorado y el mismo Texas, donde se ha realizado la extracción no convencional.

La evidencia científica sigue debatiéndose y no todos los estudios llegan a las mismas conclusiones, pero la sola existencia de esa discusión debería bastar para tratarla con seriedad antes de replicar la técnica en territorio mexicano. No perdamos de vista el futuro, que para eso están el pasado y el presente de otras latitudes. Además, cabe preguntarse si estamos, como instituciones públicas y privadas en México, a la altura de la situación. Puede ser exitoso en otros países, pero eso no garantiza que estemos cualificados para serlo también; otros casos en materia de salud pública o desarrollo económico lo constatan.

A ese riesgo sanitario se suma uno territorial. En comunidades nahuas, totonacas, otomíes y tepehuas de la Sierra de Puebla han externado su preocupación por el efecto que tendría el fracking sobre sus tierras y sus formas de vida. Va más allá de metros cuadrados o de indemnizaciones, se habla de territorios con historia, con usos agrícolas y culturales propios, cuyo destino terminaría decidiéndose, muchas veces, sin que sus habitantes hayan participado desde el principio. Al menos ya se descartó la cuenca Tampico-Misantla.

Donde hay territorio, hay agua de por medio. El uso del agua adquiere mayor notoriedad, porque ocurre en un país que enfrenta una crisis hídrica cada vez más visible. Estados como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León ya padecen sequías severas, con cuencas clave y subsistemas de presas agrícolas en el norte del país operando dramáticamente por debajo del 20% de su capacidad debido a sequías prolongadas. Someter a esas mismas regiones a un proceso que demanda volúmenes masivos de agua abre una competencia directa con el consumo humano y agrícola.

El gobierno ha planteado usar agua salada del subsuelo para reducir la presión sobre las fuentes potables, una medida que atenuaría el desabasto pero que no elimina el problema de fondo: sigue habiendo manejo de residuos peligrosos y un riesgo latente de contaminación de acuíferos si algo falla en la perforación.

Parte de la encrucijada es reconocer que México tiene, sin duda, un problema de seguridad y soberanía energética que atender. Cerca del 70% del gas natural que consume equivale al volumen que importa de Estados Unidos y, al mismo tiempo, más del 50% de la electricidad nacional se genera mediante centrales de ciclo combinado, de acuerdo con la referencia del PRODESEN 2022. No olvidar que esa dependencia ya mostró sus consecuencias. En febrero de 2021, una severa tormenta invernal en Texas redujo drásticamente el suministro de gas natural hacia México, provocando apagones en el norte del país y afectaciones en numerosas plantas industriales.

Pero reducir esa dependencia no necesariamente tendría que conducirnos a una sola alternativa. México también genera electricidad mediante fuentes hidroeléctricas, solares, eólicas, nucleares, geotérmicas y bioenergéticas; en conjunto, las consideradas energías limpias representaron 26.68% de la generación en ese año. Ninguna puede sustituir de un día para otro al gas natural y existen desafíos reales de intermitencia, almacenamiento y energía firme, pero antes de asumir los riesgos ambientales y sociales del fracking habría que preguntarnos cuánto de esa dependencia podría reducirse fortaleciendo estas fuentes. La discusión no debería plantearse simplemente entre fracking o dependencia energética, sino sobre qué combinación de alternativas puede darle a México mayor soberanía energética con el menor costo económico, ambiental y social. Y surge otra pregunta: ¿qué tan sencilla será la emancipación energética?

Esta complejidad técnica se agrava al cruzarse con la falta de consulta y participación ciudadana que atraviesa a todos estos proyectos; históricamente, el fracking en México ha avanzado con escasa transparencia hacia las comunidades donde se instalará, y las consultas, cuando existen, suelen llegar de forma reactiva, casi como un trámite, después de que las decisiones más relevantes ya se tomaron en los escritorios del gobierno. Eso no es un detalle menor, es la diferencia entre una comunidad que negocia condiciones y una comunidad que simplemente recibe un proyecto ya definido.

Ese mismo estándar de consulta y cautela es el que otros países ya aplicaron. Francia, Bulgaria y el estado de Nueva York prohibieron el fracking con base en el principio precautorio, citando riesgos para la salud y el agua. La Unión Europea mantiene el debate abierto entre países que lo permiten y otros que lo restringen. Ninguno de ellos decidió eso con la crisis hídrica que hoy enfrenta el norte de México, ni con los antecedentes de consulta débil que arrastra el país. Si allá, con menos presión sobre el agua, se optó por la prohibición o la cautela extrema, la interrogante para México es qué garantías adicionales tendría que ofrecer para justificar avanzar en sentido contrario.

Para quien habita ahí, en las comunidades, conceptos como impacto ambiental, disponibilidad de agua, contaminación del subsuelo o afectaciones futuras no interesan, lo que preocupa es su casa, su patrimonio y el lugar donde crecerán sus hijos.

Ahí se presenta otro elemento indispensable: la confianza en la autoridad. Ante la falta de transparencia de los impactos ambientales reales y sus implicaciones posteriores ante cualquier contingencia. Mil veces preferible frijoles con arroz y tortilla que un problema de salud bajo un sistema precarizado a nivel nacional.

No inquieta solamente cuánto dinero o cuántos empleos puede generar un proyecto. También inquieta preguntar quién vigilará, quién responderá si algo sale mal y qué capacidad tendrá una comunidad para exigir reparación.

México ya tiene experiencias que deberían servirnos para reflexionar. El caso del Río Sonora permanece como una referencia inevitable cuando se habla de actividad económica, afectaciones ambientales y consecuencias para poblaciones enteras. No porque la minería y el fracking sean actividades equivalentes —no lo son—, sino porque aquella experiencia dejó una lección que trasciende industrias. Siguen los daños ambientales y las indemnizaciones económicas que no desplazan la pérdida humana. Ese dinero alcanza para ir difuminando la realidad en los titulares.

Algo semejante debe hacernos pensar cualquier controversia donde una comunidad considere que un proyecto económico amenaza su entorno. El debate alrededor de Ohuira, en Sinaloa, por ejemplo, vuelve a colocar frente a nosotros preguntas sobre ecosistemas, actividad productiva, inversión y participación de las poblaciones directamente involucradas.

La soberanía energética importa. El crecimiento económico también. Pero el desarrollo pierde parte de su significado cuando quienes deberían beneficiarse de él sienten que son ellos quienes tendrán que cargar con sus riesgos. Si no es que a la postre terminan desplazados o bajo despojo territorial.

La discusión sobre el fracking no debería reducirse simplemente a estar a favor o en contra. La discusión está encaminada hacia la pregunta: ¿qué garantías debe ofrecer el Estado antes de pedirle a una comunidad que acepte un riesgo en nombre del desarrollo? Si los beneficios son nacionales, pero los riesgos son locales, la responsabilidad de la autoridad tendría que ser todavía mayor. Y antes de venderle desarrollo a una comunidad, habría que asegurarse de que el precio no termine pagándolo precisamente quien vive en ella.