Agenda Pública 360 | Martín González

Del conflicto institucional al conflicto mediático

¿En qué momento dejamos de preguntar por las causas de los conflictos y comenzamos a buscar culpables entre quienes protestan?

Ese cambio en el enfoque comienza a profundizarse en la conversación pública mexicana en los últimos años. Ya no importa tanto por qué estalló un conflicto ahora el centro es quién incomoda, quién bloquea una calle, quién ocupa un edificio o quién altera la normalidad.

Si la opinión pública ya no cuestiona las causas de un conflicto y comienza a buscar culpables entre quienes protestan, el centro ya no es la protesta. Además, perdemos de vista la forma en que el poder administra sus crisis.

Los especialistas en comunicación política llaman a este fenómeno framing (encuadre), es decir, cambiar el marco desde el cual la sociedad interpreta un hecho. El conflicto se centra en las consecuencias y no en las causas. Seguimos perdiendo de vista la incapacidad institucional para resolver una demanda y pasa a ser la protesta lo que visibilizamos.

Ese es el verdadero triunfo del poder.

Cuando consigue que la sociedad deje de hablar de sus decisiones para comenzar a hablar de quienes las cuestionan.

Existen conflictos que trascienden el hecho que los origina y esto se debe en gran parte porque exhiben cambios profundos en la manera en que una sociedad interpreta el ejercicio del poder y el derecho a disentir. La toma del Canal Once por parte de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional es uno de ellos. El debate no debería centrarse en cuestionar si la ocupación de un medio público es correcta o incorrecta. Esa es una discusión legítima, pero secundaria.

Lo revelador es la transformación del discurso con el que el poder y una parte de la opinión pública comienzan a explicar los movimientos sociales.

Durante décadas, México discutió la criminalización de la protesta desde gobiernos que respondían con descalificaciones antes que con diálogo. Hoy, paradójicamente, esa lógica parece reaparecer, aunque con un lenguaje distinto y desde espacios políticos que durante años denunciaron precisamente esas prácticas.

Ya no se habla de agitadores, alborotadores o enemigos del orden. El vocabulario cambió. Ahora se dice: son unos cuantos. afectan a las audiencias. ponen en riesgo la memoria histórica. son funcionales a la derecha. ¿quién les paga? ¿por qué no protestan en otro lado? Le hacen el juego a la derecha.

Las palabras son nuevas. La lógica es exactamente la misma. Y ese cambio no es menor.

Resulta llamativo que el propio comunicado emitido por Canal Once el 18 de julio reconozca varios elementos que pocas veces aparecen en la conversación pública.

Primero, que las demandas estudiantiles no corresponden al ámbito de decisión de la televisora.

Segundo, que desde el inicio del conflicto el canal transmitió íntegramente los posicionamientos del movimiento estudiantil, incluso antes de la ocupación de sus instalaciones.

Tercero, que reconoce plenamente el derecho a la manifestación y que durante semanas privilegió el diálogo.

Al mismo tiempo, advierte sobre un riesgo creciente para la infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y la videoteca, uno de los acervos audiovisuales públicos más importantes del país.

Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Puede existir un riesgo real para un patrimonio público. Y también puede ser cierto que el Canal Once nunca fue el origen del conflicto.

La conversación cambió de sujeto. Ya no se hablaba del conflicto. Se hablaba de los estudiantes. Si eso sucede, entonces la política pierde frente a la narrativa.

Para comprender el momento actual es indispensable reconstruir la secuencia de los hechos.

Las inconformidades no comenzaron con la toma de Canal Once. Desde abril, estudiantes de distintas escuelas del politécnico hicieron públicas diversas demandas relacionadas con la conducción del Instituto. Cuestionaban la gestión del director general, Arturo Reyes Sandoval; exigían mayor transparencia administrativa, auditorías, la desaparición del Patronato Corazón Guinda y Blanco, mecanismos más democráticos de participación y garantías de no represalias para quienes integraban el movimiento.

El 19 de mayo, cientos de estudiantes marcharon a la Secretaría de Educación Pública para entregar su pliego petitorio y solicitar una mesa formal de diálogo. Al no obtener respuestas que consideraran suficientes, el 23 de mayo ocuparon las instalaciones de Canal Once.

Ese mismo día el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, acudió personalmente a dialogar con los estudiantes. Reconoció la necesidad de instalar una mesa de trabajo, presentó una primera respuesta institucional al pliego petitorio y solicitó la devolución de las instalaciones para restablecer las operaciones de la televisora.

Los estudiantes rechazaron esa propuesta. Argumentaron que las respuestas eran insuficientes y que no existían compromisos concretos sobre los puntos centrales de su pliego. También solicitaron la participación de otras instancias federales en la negociación. Casi dos meses después, el conflicto permanece abierto. Y esa permanencia también merece una explicación.

La pregunta es ¿Quién construye al enemigo? La criminalización de la protesta no siempre proviene de un comunicado oficial. En ocasiones se construye desde los espacios de opinión que ayudan a moldear la conversación pública.

Pocas voces dedicaron el mismo espacio a preguntarse por qué un conflicto estudiantil había permanecido sin solución durante casi dos meses o por qué las negociaciones emprendidas desde mayo no habían logrado desactivarlo.

No se trata de minimizar la importancia de proteger un acervo histórico ni de desconocer la afectación a trabajadores y audiencias. Esas preocupaciones son legítimas. Lo que llama la atención es el desequilibrio del debate.

Existe además una contradicción que difícilmente puede pasar inadvertida. Muchos de quienes hoy cuestionan que una protesta cierre una calle, ocupe un edificio público o altere la vida cotidiana defendieron durante años exactamente esas mismas formas de movilización. La historia reciente de México está llena de ejemplos. Los plantones sobre Paseo de la Reforma. Las ocupaciones del Zócalo. Los bloqueos carreteros. Las tomas de edificios públicos. Las movilizaciones de la CNTE. Las protestas por Ayotzinapa. Las luchas contra las reformas estructurales.

En aquel momento el argumento era claro, que las protestas debían incomodar porque el poder rara vez escucha cuando las manifestaciones son invisibles. Incluso se sostenía que los movimientos sociales tenían el derecho y, en ocasiones, la necesidad de ejercer presión sobre espacios con alta visibilidad pública para obligar a las autoridades a sentarse a negociar. Hoy el razonamiento parece haberse invertido.

Ahora se pregunta por qué los estudiantes no protestan frente a la Dirección General del IPN. Por qué no toman otro edificio. Por qué afectan a Canal Once. Por qué incomodan a las audiencias. En otras palabras, se les pide que protesten… siempre y cuando su protesta no produzca consecuencias. Si una protesta no altera el curso normal de las cosas, difícilmente genera incentivos para que el poder negocie.

Cuidado. No se trata de justificar cualquier método de presión. Se trata de reconocer que la eficacia histórica de muchos movimientos sociales ha descansado precisamente en su capacidad para volver visibles conflictos que las instituciones preferían mantener fuera de la conversación pública.

Y aquí aparece un punto que, a mi juicio, ha recibido muy poca atención. Se vive una crisis de gestión pública y eso implica que las instituciones responsables son, hasta hoy, incapaces de atender un conflicto desde antes de que éste escalara. La toma de Canal Once no ocurrió el primer día de inconformidad. Antes hubo marchas. Hubo pliegos petitorios. Hubo solicitudes de diálogo. Hubo comunicados. Hubo negociaciones. Hubo la intervención directa del secretario de Educación Pública. Y, aun así, el conflicto siguió creciendo.

Se juzga parcialmente la responsabilidad de la afectación a trabajadores, estudiantes, audiencias y al patrimonio audiovisual del país, pero también se debe preguntar qué falló en la conducción política del conflicto. Gobernar significa impedir que esa crisis llegue a estallar y no solamente reaccionar cuando ya estalló una crisis.

Hay un fenómeno recurrente en la política contemporánea. Si una negociación se prolonga indefinidamente, el tiempo deja de ser un aliado de la solución y comienza a convertirse en una herramienta de presión. El desgaste va encontrando un nuevo destinatario. La molestia ciudadana deja de dirigirse hacia las autoridades que no resolvieron el problema y comienza a concentrarse en quienes mantienen la protesta. Es un mecanismo ya conocido.

Mientras más días transcurren, más sencillo resulta construir la narrativa de que el verdadero problema ya no son las causas originales, sino quienes insisten en visibilizarlas. Entonces aparecen preguntas como:

¿Hasta cuándo? ¿Por qué siguen ahí? ¿No sería mejor regresar a clases? ¿No están afectando a terceros? Son preguntas legítimas. Pero rara vez vienen acompañadas de otra igual de importante: ¿Por qué las autoridades permitieron que el conflicto llegara a este punto? En el caso del politécnico, esa pregunta resulta inevitable. El propio Mario Delgado acudió personalmente el 23 de mayo a dialogar con los estudiantes. Canal Once afirma haber privilegiado el diálogo desde el inicio.

Es ahí cuando se convierte el tiempo en un aliado político.

Con el paso del tiempo, el movimiento deja de cargar únicamente con su causa. Carga también con el enojo acumulado de terceros. Eso se llama administrar el desgaste. Y es una estrategia política tan antigua como eficaz. Le apuestan al hartazgo social.

Los estudiantes sostienen que sus demandas siguen sin respuesta suficiente. Los trabajadores del canal llevan semanas sin poder desarrollar plenamente sus actividades. Y las audiencias reciben una programación afectada. Si todos reconocen que el conflicto existe y todos afirman querer resolverlo, ¿por qué casi dos meses después continúa sin una salida?

Los medios de comunicación, las redes sociales y los líderes de opinión no sólo narran los conflictos. También ayudan a definir cómo la sociedad los interpreta. Todo contribuye a endilgar los costos de la protesta y termina inclinándose hacia una conclusión aparentemente obvia: El problema son los manifestantes.

Como advirtió Walter Lippmann, la opinión pública no reacciona a la realidad, sino a las imágenes que construye de ella. Eso es exactamente lo que pasó aquí. La imagen pública terminó siendo: siete estudiantes tienen secuestrado Canal Once. Y no, dos meses sin resolver un conflicto institucional.

Esta forma de interpretar los movimientos estudiantiles no es nueva. En un estudio clásico publicado por la Revista Mexicana de Opinión Pública, Juan Manuel Cañibe Rosas mostró que, incluso durante el movimiento de 1968, buena parte de la población recordaba primero los disturbios, la alteración del orden o los enfrentamientos y ya después con el tiempo, las demandas políticas que les dieron origen. El autor advertía que, en contextos de crisis, la atención suele desplazarse hacia lo espectacular y lo sensacionalista, mientras las causas del conflicto quedan en un segundo plano. Más de medio siglo después, la pregunta sigue siendo inquietantemente vigente: ¿hemos cambiado realmente la forma en que construimos nuestra opinión sobre los movimientos sociales?

Con el paso del tiempo, el gobierno empieza a ser un administrador de narrativas.

No significa que esas preocupaciones sean irrelevantes. La videoteca merece ser protegida.

Los trabajadores de Canal Once tienen derecho a regresar a sus labores.

Las audiencias tienen derecho a recibir el servicio público de comunicación. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que ninguna de esas preocupaciones explica por qué el conflicto llegó hasta ahí.

Existe una diferencia entre administrar una crisis y gobernar. En cualquier organización pública existe una cadena de responsabilidades. Las autoridades no son responsables porque existan desacuerdos. Son responsables de generar mecanismos eficaces para procesarlos.

Se debe evaluar la capacidad del Estado para conducir el conflicto. Y esa discusión, hasta ahora, ha sido sorprendentemente escasa. Se cuestiona la responsabilidad de los estudiantes, de las madres buscadoras o de los maestros, pero ¿quién cuestiona la responsabilidad de los funcionarios públicos directamente involucrados en el estallamiento de los conflictos?

La principal enseñanza del estudio de Cañibe Rosas es que la disputa por la opinión pública nunca se libra únicamente en las calles. También se libra en la manera en que se narran los acontecimientos. Si la conversación se concentra en los bloqueos, las afectaciones o el desorden y no explica las demandas que originaron la movilización, la percepción social termina separando a los manifestantes de sus causas. El conflicto entonces ya no se entiende como un problema político que requiere solución y, por consiguiente, se percibe como un problema de orden que exige contención. Esa transición narrativa es, probablemente, una de las formas más eficaces de desactivar el respaldo social a cualquier movimiento.

Hace algunos años se decía que un gobierno democrático debía aprender a convivir con la protesta. Hoy pareciera que estamos aprendiendo a convivir con la descalificación de quienes protestan. Son dos cosas completamente distintas.

Muy seguramente dentro de unos meses Canal Once vuelva a transmitir con absoluta normalidad. El IPN resolverá, tarde o temprano, este conflicto. Los estudiantes regresarán a clases. La videoteca seguirá siendo patrimonio de todos los mexicanos. Pero algo habrá cambiado.

Habremos normalizado que la primera reacción frente a una protesta sea preguntarnos quién la financia antes que preguntarnos por qué existe. Habremos aceptado que resulta más sencillo desacreditar a quienes protestan que exigir eficacia a quienes gobiernan. Habremos sustituido las causas por las etiquetas. Y eso sí representa un riesgo para la democracia.

Los gobiernos son pasajeros. Las oposiciones también. Los movimientos sociales cambian. Lo único que permanece son las herramientas con las que el poder intenta administrar el conflicto.

La pregunta ya no es qué ocurrirá con el siguiente movimiento social. La pregunta es cuánto tiempo tardarán sus causas en desaparecer detrás de las etiquetas.